En los orígenes, la militancia del PRD fue víctima. Después, mejor posicionada, fue caja de resonancia y denuncia de matanzas como la de Aguas Blancas, Guerrero, en 1994. Hoy, al cabo del tiempo, es autora, o por lo menos copartícipe, de una masacre, la primera cometida por esas siglas desde el poder: seis muertos en el ataque en Iguala a normalistas de Ayotzinapa y 43 desaparecidos, entre los que podrían estar, si llegan a confirmarlo los periciales genéticos, los 28 cadáveres encontrados ahí mismo en seis fosas clandestinas.

Un personaje central en esta trama que ha indignado al país entero, es el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, contra quien ya hay una orden de aprehensión, se promueve su desafuero y es prófugo de la justicia.

Ocurrido el ataque contra los normalistas la noche del 26 se septiembre y la madrugada del 27, declaró no tener conocimiento de lo ocurrido porque él estaba en una fiesta. Reacciones no tan cínicas aunque probablemente con la intención de minimizar lo ocurrido, provinieron del gobernador Ángel Aguirre, de diarios locales afines a su gobierno que enfatizaban en la idea de que por fin alguien metía orden e incluso del presidente Peña Nieto que dijo que era un asunto local respecto al cual la responsabilidad la tenía el gobernador de Guerrero.

Al cabo de una semana, sin embargo, aparecieron las seis fosas clandestinas y los 28 cadáveres calcinados, y aunque no hay aún un sustento científico que confirme que se trata de parte de los desaparecidos, el impacto nacional e internacional de la información obligó a rectificaciones. Una de ellas, por fortuna, la del presidente Peña Nieto que comprometió castigo a los responsables y dijo que en su gobierno no habrá el más mínimo resquicio para la impunidad.

En ese contexto, EL UNIVERSAL hizo público un documento interno del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que sugiere algo de lo ocurrido en Iguala y revela vínculos criminales del alcalde Abarca.

Respecto a los hechos violentos del 26 de septiembre, el reporte del Cisen dice que un grupo de 100 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pretendía trasladarse al zócalo de Iguala, después de participar en una movilización, donde a las seis de la tarde rendiría su informe de labores como presidenta del DIF municipal, la esposa del edil, María de los Ángeles Pineda Villa.

El esposo de la señora, es decir, el alcalde Abarca, ordenó al jefe de seguridad pública municipal, Felipe Flores Velázquez que impidiera el arribo al zócalo de los normalistas, que por ningún motivo debían llegar ahí. Éste dispuso que decenas de policías municipales frenaran a los estudiantes, lo que derivó en enfrentamientos físicos y verbales, seis muertos, persecuciones, detenciones y desapariciones respecto de las que el alcalde Abarca siempre estuvo perfectamente informado, dice el Cisen.

Tras la detención de policías municipales relacionados con los hechos y la revelación de que trabajaban para el cártel Guerreros Unidos, se evidenció que igual trabajaban para su jefe político que para su jefe delincuencial que, ahora resulta, podría ser el mismo.

De ahí la importancia de la revelación que hace el Cisen al señalar que Abarca está relacionado con el cártel de los Beltrán Leyva, gracias a los nexos de su esposa y cuñados (hijos del líder de Guerreros Unidos), con Arturo, el famoso Barbas, abatido por la Marina en Cuernavaca el 17 de diciembre de 2009.

Abarca habría sido lavador de los Beltrán Leyva, y ya en esa condición, es que el PRD de Los Chuchos lo escoge como candidato externo a la alcaldía de Iguala. Esa misma tribu perredista es la que le ofrece a Ángel Aguirre (bateado por el PRI para postular a Manuel Añorve Baños) la candidatura a Guerrero por el sol azteca.

René Bejarano y Dolores Padierna, de Izquierda Democrática Nacional, tribu opositora a la Nueva Izquierda de Los Chuchos, había denunciado el pasado criminal de Abarca. Lo señalaron como responsable de la muerte del líder social Arturo Hernández Corona de la organización Unidad Popular, pero nadie les hizo caso.

Si Abarca, como jefe político ordenó a su policía la matanza, es represión, un delito. Si lo hizo como jefe delincuencial, es un acto de terror, también un delito. ¿Es posible que el gobernador Aguirre lo ignorara? Difícilmente, aunque no imposible, pues recuerde lo que aquí le había contado de que el gobernador ha dejado al estado en manos de su padre y su hermano. En todos los casos hay una responsabilidad política que debe asumirse, sí, con la renuncia, aunque el PRD —más preocupado en no perder Guerrero que en aclarar su masacre— insista en defender al guerrerense.