Petróleo y consulta popular

Vie, 08/08/2014 - 05:00

Las leyes reglamentarias de la reforma energética fueron aprobadas en su totalidad y todo indica que la semana entrante serán promulgadas por el presidente Enrique Peña Nieto. Se completó así un proceso legislativo que tomó poco más de un año y medio al actual sexenio.

La apertura al capital nacional y extranjero de la industria energética fue uno de los objetivos centrales que se planteó el PRI en su regreso a Los Pinos. Lo sacó adelante con el voto del PAN, que siempre deseó la paternidad de la reforma pero que, paradójicamente, el tricolor le escatimó durante los gobiernos de Fox y Calderón. La oposición de la izquierda electoral fue insuficiente para evitarla, desgastada, como está, después de haber respaldado en el Pacto por México, el resto del paquete de reformas peñistas. Entre tanto, la bandera en defensa de los recursos energéticos de la nación y la soberanía, fue momentáneamente arriada por López Obrador, ocupado como estaba en la conformación de Morena como partido político.

Para Peña Nieto y su gobierno, así como para el PRI y PAN, la reforma energética y sus leyes secundarias son la plataforma de lanzamiento del país al desarrollo tecnológico, la captación de más inversión y la generación de empleo, en suma, del crecimiento económico prácticamente nulo durante las tres décadas que llevamos de un proyecto neoliberal que hoy, con esos cambios, coloca la cereza del pastel.

Para la izquierda electoral (el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano) y la izquierda social (Morena), la reforma de marras no es más que el remate del país a los intereses transnacionales. Ambas asumieron que nada había que hacer ya frente a la mayoría legislativa que construyeron tricolores y blanquiazules. Y ambas confían que mediante la consulta popular (parte, por cierto, del capítulo político del paquete reformador), se podrá revertir.

PRD y Morena han caminado en esa dirección pero cada quien por su lado y sin ánimo de sumarse al mismo esfuerzo, lo que acaso les reste efectividad.

Pero la pregunta es: ¿realmente es aplicable una consulta popular sobre la reforma energética?

Vayamos primero a la Constitución. Su artículo 35 señala que la consulta popular es aplicable sólo en temas de trascendencia nacional y cuando la vía para solicitarla es de lista nominal de electores que, actualizada a agosto de este año, es de 80 millones 38 mil 75 ciudadanos. Si la consulta, a realizarse el día de la jornada electoral federal cuenta con la participación de 40% de esa lista nominal (32 millones 15 mil 230 ciudadanos), su resultado entonces será vinculatorio, es decir, obligatoriamente aceptado por el gobierno.

Desde la Constitución, pero más explícitamente en la Ley Federal de Consulta Popular, se establece que la trascendencia nacional de un asunto la determinan dos criterios: que repercuta en la mayor parte del territorio nacional y que impacte a una parte significativa de la población. Ambos criterios están en el tema de los cambios en la industria energética. De cualquier forma, será la Suprema Corte la que determine si el tema a consultar tiene tal trascendencia.

La Constitución y la ley de Consulta también especifican que no pueden ser sometidas a ese ejercicio ciudadano ni el régimen político de la nación, ni su seguridad, ni el respeto a los derechos humanos, ni los ingresos del Estado.

Este último condicionante (innegable es que en el petróleo se fundamentan una buena parte de los ingresos del Estado), es el que esgrimen algunos constitucionalistas consultados para afirmar que no es viable la aplicación de la consulta popular en el tema energético. Otros, sin embargo, argumentan que la cuestión de los ingresos es solamente la consecuencia de lo central que es la transferencia de la propiedad de los recursos de la nación. Como se ve, los constitucionalistas están divididos en el tema.

Por lo pronto, López Obrador informó ayer que Morena ya recabó un millón 300 mil firmas. Le faltan otras 300 mil para completar el requerido 2% de la lista nominal. El PRD, por su parte, mostró el 27 de julio pasado 160 mil firmas, sin que hasta ahora haya dado cuenta de más. El partido del sol azteca se planteó tener para septiembre próximo 4.5 millones de firmas.

En manos de la Corte quedará pues la determinación de realizar o no la consulta de marras.

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