LUCÍA MENDIZÁBAL, de 53 años, se enteró por la televisión del fraude en aduanas que implicaba a Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti.

Asqueada por aquel hecho de corrupción, Mendizábal, dueña de una empresa de bienes raíces y sin militancia política, subió a Facebook este mensaje: “A ver si esta vez hacemos algo”.

Le reventaba pensar en Monzón, conocido en todo Guatemala como ‘El robacarros’ (por sus antecedentes como ladrón de automóviles), haciendo tropelías, cobijado por la vicepresidente.

Aquel mensaje en Facebook puso en marcha un inesperada y poderosa convocatoria que en unos cuantos meses desataría una ola de indignación ciudadana sin precedente en Guatemala.

Tras el mensaje en Facebook, Mendizábal y siete amigos, de entre 24 y 55 años, se definieron como un grupo de ciudadanos indignados, sin filiación política, y convocaron a una concentración en el Parque de la Constitución para pedir la dimisión de Baldetti y el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina para investigar su presumible participación en la defraudación aduanera.

Su lema #RenunciaYa viralizado en redes sociales tocó la conciencia de los guatemaltecos y el 25 de abril se realizó la primera concentración. La gente protestó superando todas las expectativas.

El movimiento encontró el respaldo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una fiscalía especial, amparada por la ONU y con la asesoría del colombiano Iván Velásquez, el juez que metió a la cárcel en su país a 50 congresistas por corrupción.

En Guatemala encontraron que la red criminal llamada ‘La Línea’ ingresó más de 500 contenedores de carga de manera ilegal al país. Directamente implicada en la maniobra, la vicepresidenta dimitió el 9 de mayo.

El 21 de agosto, en medio de las crecientes protestas, Roxana Baldetti fue detenida y enviada a prisión, al igual que quien fuera su secretario privado, ‘El robacarros’, Juan Carlos Monzón.

Ese mismo día, la investigación aportó datos con los que la fiscalía especial acusó al presidente Pérez Molina de ser el verdadero líder de la trama criminal. Y así, el 1 de septiembre pasado, el Congreso guatemalteco retiró la impunidad al Presidente quien, en la madrugada del día siguiente, renunció y se presentó ante tribunales. Desde entonces, está recluido en una celda militar y mañana martes, el juez determinará si queda sujeto a proceso.

Al éxito del movimiento debe sumarse que a la crisis se le dio curso institucional, lo que dio lugar a la designación de un presidente interino y la realización ayer, sin mayor sobresalto, de las elecciones presidenciales.

Un ejemplo de civilidad e institucionalidad. A ver si esta vez hacemos algo.

2. RESPUESTA. Una vez conocido este informe, el presidente Peña Nieto, vía Twitter, informó que había ordenado que las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos sean analizadas para incorporarlas a las investigaciones. Después, la procuradora Arely Gómez anunció que se realizará un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, que el Estado mexicano solicitará la ampliación del mandato del Grupo de Expertos para que concluya sus pesquisas y que la investigación se concentrará en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO). Falta por ver si en la ampliación de este mandato se les permite hablar cara a cara con los integrantes del Batallón 27 asentado en Iguala. Y también falta por ver si aun con este golpe, se premiará a Murillo Karam con la embajada en Lisboa.

3. LOS PADRES de Ayotzinapa también respondieron a los resultados del Grupo de Expertos. Su contenido les permitió señalar que desde un principio les ha asistido la razón y demandaron que sea el presidente Peña Nieto el que hable directamente con ellos y que el Grupo de Expertos permanezca en el país hasta que se esclarezca el paradero de los 43.

@RaulRodriguezC
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