Será mañana jueves cuando el presidente Enrique Peña Nieto haga pública la propuesta de reforma energética de su gobierno, iniciativa que, según se pudo indagar, planteará cambios constitucionales y, por lo tanto, de fondo en el régimen de explotación y operación de las industrias petrolera y eléctrica del país, aunque sin abrirlas en su totalidad a la inversión privada nacional y extranjera como lo propone la del PAN, aseguran las fuentes consultadas.

La iniciativa será presentada ante la Comisión Permanente que la turnará al Senado que será la cámara de origen y empezará a analizarla con la propuesta blanquiazul y la que seguramente presentará el PRD, una vez que concluya su consulta en marcha.

La reforma energética de Peña Nieto, al igual que la del PAN, propondrá cambios en al menos tres artículos constitucionales, según se pudo confirmar con el senador David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara alta. No fue posible corroborar los términos de los mismos, aunque se puede inferir que serán el 25, 27 y 28. De lo que no parece caber duda es que los planteamientos de la reforma se acerca mucho, en el caso del petróleo, al modelo de explotación de Noruega, en el que se asegura que conviven con buenos resultados la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y la explotación mediante la asociación de capitales públicos y privados.

Debe suponerse que el planteamiento no ignora las diferencias económicas y políticas entre Noruega y México y ojalá tampoco ignore que dentro de esas diferencias hay asimetrías históricas en las que el país nóridco, por ejemplo, no ha sido objeto, como el nuestro, de la explotación extranjera brutal y persistente de sus recursos naturales.

Habría que dar, en todo caso, el beneficio de la duda a la iniciativa peñista de reforma energética, hasta conocer la totalidad de su contenido.

Valdría la pena recordar que Noruega descubrió hace 40 años, en el Mar del Norte, reservas muy importantes de hidrocarburos sólidos y gaseosos. Su Parlamento determinó que el Estado mantendría la propiedad del recurso mediante un sistema de licencias o concesiones en el cual cualquier compañía internacional puede participar en la explotación de esos recursos, al igual que las compañías estatales que fundó para manejar el petróleo (Statoil) y el gas (Gassco), éste último del que hoy es líder en producción y exportación.

Esto quiere decir que la gente es la dueña del petróleo que está en los yacimientos, pero cuando éste ha sido producido la propiedad va de los noruegos a la compañía que está produciéndolo. Es a través del régimen fiscal que el Estado noruego se asegura que la mayor parte de la renta de sus hidrocarburos quede en Noruega.

Por lo visto, si se cede en propiedad y renta, que es donde podría hablarse de privatización, se requeriría una legislación sólida y clara para evitar que el país y sus habitantes sea el que pierda en el negocio.

En fin, ese modelo tiene estas características en su esquema de concesiones:

1. Los plazos para la exploración son de tres años, los de producción se entregan por seis años, renovable por otros 30 en el 50% del área concesionada.

2. Los interesados en una concesión deben detallar el programa de trabajo que en su caso desarrollarán en los bloques: un número de pozos por bloque a ser performados a profundidades específicas.

3. La participación de Statoil se realiza bajo un arreglo mediante el cual la empresa concesionada soporta la totalidad del riesgo del proyecto hasta la determinación de un hallazgo. A partir de ese momento, la empresa pública noruega se obliga a cubrir los costos a cambio de un porcentaje de la producción.

4. Las empresas son obligadas a conformar una especie de empresa conjunta con las estatales, para que el Estado tenga el mayor control de los trabajos de exploración y producción, obtenga participación de las ganancias de ésta; y acceda a tecnología y experiencia.

Pero habrá que esperar a conocer el contenido de la reforma energética de Peña Nieto. ([email protected]) (Twitter:@RaulRodríguezC)