La traición a la patria es el único delito por el que se puede enjuiciar a un Presidente mexicano en la actualidad. El Código Penal Federal lo define, en su artículo 123, como la realización de “actos contra la independencia, la soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo, o gobierno extranjero (...)”.

Eso es lo que sucede con la privatización del petróleo: se atenta contra la independencia, la soberanía y la integridad de México en beneficio de las transnacionales petroleras, y Enrique Peña Nieto promovió esto durante todo el 2013.

Prácticamente todo el año pasado fuimos testigos de cómo, quien se supone está obligado a proteger los intereses del país y sus habitantes, se dedicó a ofrecer la más grande riqueza nacional a empresarios extranjeros, alineó a los partidos del Pacto por México para votar reformas constitucionales que facilitaran y finalmente lograran la privatización del petróleo y, aun ahora, no descansa en su intención de convencer a la ciudadanía de que atentar contra la soberanía, la independencia y la integridad de México es por el bien del país.

Todas las consecuencias que traerá la privatización atentan contra la viabilidad de la nación. El boquete financiero que se abrirá al ceder las ganancias petroleras afecta a México, como es perjudicial para el país que se sobreexploten las reservas del hidrocarburo en beneficio no de los mexicanos, sino de intereses de otros países. Y, por supuesto, también será un agravio la desgracia ecológica que resulte del trabajo devastador de las transnacionales.

El petróleo es un bien no renovable, y mientras más se extraiga, más rápido nos quedaremos sin él. Cuando eso ocurra, México perderá su soberanía energética y estaremos obligados a comprar a las transnacionales el petróleo que hayan extraído de nuestro territorio y que tengan almacenado. Es decir, más temprano que tarde las grandes petroleras pasarán de ser “nuestras socias” para convertirse en nuestras acreedoras.

No se trata, como los voceros gubernamentales intentan hacerle creer a la gente, de una disputa ideológica. Se trata de una cuestión muy práctica que es asegurar la viabilidad de México.

Si, en lugar de ser el titular de la Presidencia, Peña se desempeñara como gerente de una empresa y centrara sus esfuerzos en favorecer a la competencia, como en este caso, también estaría actuando de manera desleal y estaría faltando a la ley.

La privatización del petróleo mexicano es un acto similar al que cometiera el gerente de Coca-Cola si propusiera que esta empresa vendiera o compartiera la fórmula de su popular bebida con Pepsi, que es su competidor histórico, ¿verdad que sería absurdo?, ¿verdad que ese gerente pondría en riesgo su trabajo al proponer un “negocio” de ese tipo?, ¿verdad que los socios de esa firma podrían acusarlo de traición?

Entonces, Morena tiene elementos para haber presentado una denuncia por traición a la patria contra Enrique Peña Nieto porque su intentona por privatizar el petróleo atenta contra los principios de la Constitución de 1917, va en contra de nuestra historia, pero principalmente porque la privatización va en contra de nuestro futuro.