Mancera quiere más impuestos

Martí Batres

OPINIÓN 06/12/2016 09:53 Martí Batres Actualizada 09:53

La última de Miguel Ángel Mancera: quiere cobrar impuestos por reparar banquetas, pintar guarniciones, dar mantenimiento a los parques, edificar escuelas, introducir drenaje. Esta intención del Jefe de Gobierno está contenida en el proyecto de Constitución que presentó a la Asamblea Constituyente en sus artículos 21 y 26. Ahí se habla de poner un impuesto a la plusvalía de las casas que se encuentren en zonas beneficiadas por la obra pública.

Lo anterior es un absurdo abuso por parte del mandatario capitalino:

La plusvalía, es decir el valor de los inmuebles, se tasa a partir de las características de la zona: del acceso a los servicios como luz y drenaje, del mantenimiento urbano del que goza una colonia, de la cercanía de escuelas, de la accesibilidad al transporte. De tal forma que si una casa o edificio se encuentra en un lugar con todos los servicios su valor de compra es superior y, por tanto, el impuesto predial que pagan los dueños también es mayor respecto a las zonas con mayores carencias.

Lo anterior, porque el predial tiene un espíritu redistributivo. Quienes viven en mejores zonas pagan más para que el gobierno pueda llevar servicios y mejorar las condiciones urbanas de las colonias con mayor marginación.

Si la Asamblea Constituyente aprueba esta propuesta de Mancera, estaría dando ‘luz verde’ para que en los hechos todos los capitalinos paguen dos veces el impuesto predial, hecho que es a todas luces anticonstitucional.

La medida recuerda al impuesto por puertas y ventanas cobrado durante el gobierno de Santa Anna o al impuesto al alimento para mascotas de Peña Nieto y es congruente con la fiebre recaudatoria que hemos padecido los capitalinos con Mancera, que inventó las fotomultas y al principio de su administración intentó cobrar impuestos por el alumbrado público. 

Sin embargo, esta pretensión del Jefe de Gobierno perredista desnuda el modelo de ciudad que busca imponer, pues entre los efectos de este doble impuesto estaría que muchas familias, al no poder pagarlo, vendan sus propiedades y sean expulsados de la capital, en beneficio de los grandes desarrolladores que serían los únicos capaces de pagar la tenencia de la tierra urbana.

El hecho implicaría también, una suerte de limpieza social, que las clases medias y populares se vayan de la metrópoli para que esta sea habitada por quienes puedan pagar el costo de la urbanización eficiente. De esta forma, al fin llegarían los servicios, los parques, la buena imagen urbana, a zonas como Gustavo A. Madero o Iztapalapa, pero con la particularidad de que esto ocurrirá sin los actuales pobladores de estas zonas.

Si Mancera necesita dinero para solventar las necesidades de la metrópoli, antes que inventar impuestos, lo que debe hacer es aprovechar bien los recursos con los que cuenta: para ello, es obligado que aplique un plan de austeridad que implique que el gobierno deje de gastar dinero en la compra de votos, que elimine los privilegios que tienen los altos funcionarios públicos, que solicite a los diputados dejen de autoasignarse bonos millonarios, sobresueldos, seguros médicos privados pagados por el erario, así como adelgazar el insultante gasto en privilegios que ejercen los magistrados de los tribunales, deben dejar de autoasignarse jubilaciones onerosas, así como vehículos y otra clase de prestaciones exorbitantes.

Los mil millones que le sobran a la Asamblea Legislativa, así como los 10 mil millones que el gobierno de la ciudad gasta en compra de vehículos, remodelación de oficinas de altos funcionarios o en los más de 900 viajes que han realizado en este sexenio los miembros del gobierno, pueden ser utilizados para fortalecer transporte, drenaje, así como a programas sociales como la pensión de adultos mayores y los comedores comunitarios. 

La Asamblea Constituyente debe rechazar todos los impuestos confiscatorios contra la sociedad: La Ciudad de México es de todos y la constitución debe ser garante de la inclusión social, del buen gobierno y del manejo eficaz y transparente de los recursos públicos, no del abuso y los negocios.

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