Huehuetoca, en el estado de México, y Guadalupe Victoria, en Puebla: turbas enardecidas incendian las presidencias municipales y queman patrullas, porque un policía mató allá a un jovencito y criminales asesinaron acá a un comerciante. Ya no soportan el amago de la delincuencia y esa es su desesperada manera de exigir justicia y seguridad porque ya no creen ni confían en instituciones que, rebasadas, coludidas o sometidas por los malandrines, son incapaces de cuidar de sus vidas y propiedades.

Apatzingán, en Michoacán, otra expresión de la misma lógica: si ni el municipio que encabeza el alcalde Uriel Chávez Mendoza, ni el gobierno del estado a cargo de Fausto Vallejo, ni la Federación con Enrique Peña al frente, son capaces de proteger a la población, no queda más que la autodefensa, grupos de hombres que se arman para proteger lo suyo pero que también son infiltrados por el crimen organizado.

Algunos de esos grupos llegaron hace dos fines de semana a Apatzingán. El Ejército negoció con ellos y les cedió el paso pero desarmados. Fueron recibidos a tiros por sicarios de Los Caballeros Templarios. Hubo intercambio de tiros, autos y casas incendiadas y después, una especie de declaración de guerra: el ataque con bombas incendiarias a 18 subestaciones de la CFE en el estado, sabotaje que dejó sin luz a miles de michoacanos. El miedo: noche de tiroteos y sin luz.

Y en ese contexto el rumor: que el obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, quedó bajo resguardo militar por amenazas contra su vida tras denunciar la grave situación michoacana que, a su juicio, “tiene todas las características de un Estado fallido”. Autoridades de Morelia y la diócesis desmintieron la versión de la amenaza y del resguardo, pero no pueden desmentir lo inocultable: La Familia Michoacana, Los Zetas, el cártel Nueva Generación y Los Caballeros Templarios disputan a muerte el territorio: la costa, para controlar la entrada de droga y de los insumos para las metanfetaminas; y la Sierra Madre del Sur, con su zona aguacatera, para dominar el cultivo de la amapola y la mariguana, proteger los laboratorios donde se “cocinan” las drogas sintéticas y refugiar a los criminales.

Lo que a la costa se refiere explica la militarización (sin las formalidades jurídicas correspondientes) de Lázaro Cárdenas, donde el Ejército tomó el control de la seguridad, la Policía Federal de las carreteras y la Marina del puerto, donde todos sus funcionarios fueron relevados por indicios de corrupción.

Pero eso no acalla los dramáticos informes que periódicamente envía el obispo Patiño al Vaticano: en su diócesis se han cometido, en lo que va de este año, 920 asesinatos, 280 levantones, 42 secuestros, 238 desapariciones forzadas, 3 mil desplazamientos de familias y mil 200 despojos de tierra.

Matamoros, en Tamaulipas: criminales se enfrentan entre sí y al Ejército el fin de semana; 13 muertos más en la lista sangrienta. Otros tiroteos esporádicos, pero no cesan. La alcaldesa Norma Leticia Salazar llama a la gente a mejor no salir de sus casas, una especie de toque de queda, tampoco con las formalidades jurídicas.

En medio de la pradera seca, barzonistas que exigen mejores precios para sus productos enfrentan a granaderos en el DF, donde no se extingue la protesta de la CNTE contra la reforma educativa que, además, crece en Veracruz (donde ayer intentaron evitar la instalación de la nueva Legislatura local), en Quintana Roo y Chiapas.

Y por si algo faltara, a esa demanda barzonista de mejores precios para el maíz se suman campesinos de Jalisco y Michoacán que bloquean carreteras al igual que los indígenas yaquis que durante más de 160 días han impedido el tránsito entre Hermosillo y Ciudad Obregón por un conflicto de agua. Se gesta, además, un creciente rechazo a los nuevos impuestos de la reforma fiscal, lo que los legisladores que la aprobaron llaman campaña de odio. ¡Puf!, qué recuento. Pero fuera de eso… ¡todo bien!

Instantánea

CONFIRMACIÓN. Como le adelanté el lunes, la doctora Perla Gómez Gallardo es la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Ella concitó el mayor consenso en la Asamblea Legislativa y ayer fue elegida. Habrá que acostumbrarse a decir ombudsperson para evitar la carga de género, porque es incorrecto decir ombudswoman.