Una semana después del ataque que dejó seis muertos y 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el gobernador Ángel Aguirre y su procurador Iñaqui Blanco informaron del hallazgo de fosas clandestinas, muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos violentos. De una de esas fosas fueron exhumados 28 cuerpos calcinados, según confirmó la secretaria de Salud de Guerrero. Aguirre y Blanco informaron que se harían exámenes genéticos para determinar si los cadáveres encontrados son de algunos de los normalistas desaparecidos y dijeron tener ya evidencia de que el ataque fue perpetrado por un cártel del crimen organizado que se llama Guerreros Unidos, a cuyo servicio estaban los policías municipales detenidos quienes, con sus declaraciones, llevaron al hallazgo de los entierros clandestinos. Ya el sábado en la noche, la PGR informó que atraía la investigación del caso.

El sentido común permite inferir que al menos algunos de los cuerpos calcinados y arrojados a esas fosas, corresponden a normalistas desaparecidos. Son varias las razones: las fosas están prácticamente en el mismo lugar en que fueron atacados y desaparecidos los jóvenes de Ayotzinapa, a quienes no se les encuentra por ninguna parte desde hace siete días, lapso en que la PGR no atrajo el caso hasta que supo el sábado de entierros y cadáveres; y se llegó a ellas con las indicaciones de los policías municipales detenidos.

¿Por qué el crimen organizado tendría que masacrar a los normalistas de Ayotzinapa? Si ellos estuvieran o se hubieran coludido con el crimen organizado como para ser objeto de un castigo, represalia o venganza por traición o delación, ¿secuestrarían camiones para trasladarse a sus movilizaciones o botearían para financiar sus protestas? Con la delincuencia organizada detrás de ellos, ¿no dispondrían de muchos más recursos para dedicarse de lleno y más intensamente a su activismo social y político?

Si se comprueba, como parece que ocurrirá, que algunos o todos los normalistas desaparecidos fueron muertos, calcinados e inhumados en fosas clandestinas; y que todo esto fue obra por un cártel criminal, quedaría claro que éste hizo el trabajo sucio para acallar la protesta normalista, pero curiosamente recurrió para hacerlo a una policía municipal totalmente infiltrada pero al servicio, por igual, de los capos y los políticos del estado.

El alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, dijo horas después del ataque policiaco a los jóvenes de Ayotzinapa que ni siquiera estaba enterado del problema porque estaba en un baile. Después ni la cara dio. Se le citó a declarar como testigo, pero no apareció. Más adelante se le dictó orden de aprehensión y tampoco se presentó, por lo que hoy es prófugo de la justicia y se le incrimina en la muerte de al menos seis personas y la desaparición de otras 23.

El gobernador Ángel Aguirre, por su parte, no ha atinado a siquiera armar un discurso que contenga la certeza, ya generalizada, de que Guerrero está fuera de control, con la delincuencia desatada, la inseguridad en niveles intolerables y la represión a la protesta social abierta y descarada. Guerrero es, junto con Michoacán y Oaxaca, un estado en medio de una grave crisis de gobernabilidad.

Así que, se confirme o no que los muertos de las fosas son los normalistas desaparecidos, está en riesgo la cabeza del gobernador de alma priísta y ropaje perredista Ángel Aguirre. Hasta su casa de gobierno en Chilpancingo llegaron normalistas enfurecidos que lanzaron petardos y bombas molotov, mismos que ayer domingo bloquearon la Autopista del Sol por horas. Y mientras todo esto ocurría, qué desesperanzador, el gobernador Ángel Aguirre era arropado por el PRD en su Consejo Nacional.

Por todo lo anterior, le digo que lo que ocurre en Guerrero, además de su ingobernabilidad, inseguridad y violencia, es otra guerra sucia.

Instantáneas

1. PERRECHUCHOS. Como era previsible por el control que ejercen en su Consejo Nacional, la corriente de Los Chuchos ganó y mantiene el control del PRD con Carlos Navarrete, el secretario del Trabajo. El ahora ex dirigente nacional, Jesús Zambrano, dijo que era inevitable romper con López Obrador y reconoció que hubo salida de militantes para irse a Morena, pero que ese número quedará compensado con sectores de la clases media y la academia que simpatizan —dijo— con el nuevo rostro del PRD: moderno y dialogante.

2. AJUSTES. Los precios de la mezcla mexicana han caído por debajo del precio proyectado en el Presupuesto. El precio estimado en el Presupuesto fue de 85 dólares por barril y ahora se vende a 84 dólares con 15 centavos por barril.