El primer minuto de este miércoles debió haber quedado en libertad el general brigadier Ricardo Martínez Perea. La sentencia a 15 años de prisión que le dictó el Supremo Tribunal Militar por colaborar con el narcotráfico, se cumplió a la medianoche del martes. Sus abogados confirman que ya fue decretado el auto de libertad, aunque hasta ahora no pueda gozarla a cabalidad. El brigadier terminó de cumplir su sentencia en el penal federal de las Islas Marías, pero su traslado al continente deberá esperar hasta pasado mañana viernes, día en que dos barcos de la Armada zarparán con rumbo a Mazatlán. Y lo que las autoridades penitenciarias hicieron esta madrugada para no incurrir en incumplimiento, fue sacar a Martínez Perea de la isla donde estaba con los reos más peligrosos y trasladarlo a la destinada a los de menor peligrosidad, que es la misma donde viven los empleados administrativos y directivos de la legendaria colonia penal a la que el escritor José Revueltas llamó ‘Los Muros de Agua'.

La hija del general, Berta Amparo Martínez Ledesma, lo esperaba desde ayer en el muelle de Mazatlán, pero el militar no llegó en ninguno de los dos barcos que zarparon el martes muy temprano de las Marías. La sentencia se cumplía hasta la medianoche del 5 de abril, confirmó la coronel Paula María Trigueros Ríos, titular del Juzgado de Ejecución de Sentencias adscrito a la Quinta Región Militar con sede en Zapopan, Jalisco.

Aunque muy frágil de salud por los descuidos de que fue objeto durante su permanencia en la prisión del Campo Militar 1-A (ocho años), la del Rincón, Nayarit (tres años y medio) y las Islas Marías (tres años y medio), el general Martínez Perea ha hecho saber que buscará completar con sus abogados un incidente de reconocimiento de inocencia, pues insiste en no ser culpable de las acusaciones enderezadas en su contra y en ser víctima de un montaje espectáculo mediático de Vicente Fox y el panismo llegado a Los Pinos, con el objetivo de dar cuenta de la apertura y los nuevos tiempos políticos.

Recién iniciado el gobierno de Fox en 2000, se dejó sentir una fuerte presión por la falta de una estrategia clara y efectiva en el combate al narcotráfico. Crecían, entre tanto, las versiones sobre la complicidad con el crimen organizado de funcionarios y mandos policiacos y militares. Fox, como lo haría casi siempre, fiel a su lenguaraz personalidad, respondió con esos montajes que pusieron al Ejército ‘en el ojo del huracán' y lo confrontaron, incluso, con el entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García.

El general Martínez Perea comandaba en 2001 la guarnición militar de Nuevo Laredo y estaba cerca de pasar a retiro con pensión completa. En abril de ese año fue detenido junto con sus subordinados, el teniente Antonio Quevedo Guerrero y el capitán Pedro Maya Díaz. La Procuraduría de Justicia Militar había recibido una denuncia anónima, escrita a mano y con faltas de ortografía, en la que ni siquiera se le mencionaba directamente. Los acusó entonces de colaborar (sin especificar qué tipo de colaboración) con Gilberto García Mena, alias ‘El June', brazo derecho del capo del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, en los municipios de Guardados de Abajo y Miguel Alemán, Tamaulipas.

Fox se enteró de la captura cuando salía de una reunión internacional en Cali, Colombia. Ahí mismo, su incontinencia verbal juzgó y culpó al general, se comprometió a dejarle caer todo el peso de la ley. Empezó así un espectáculo mediático que incluyó la apertura a la televisión, la radio y los periódicos de un Consejo de Guerra que lo sentenció a 15 años de prisión en 2003, cuando ya llevaba dos en la cárcel.
Los abogados de Martínez Perea señalan que el proceso estuvo plagado de irregularidades y obstrucciones de la justicia. El Supremo Tribunal Militar puso todos los pretextos para incumplir actuaciones solicitadas por la defensa como pruebas de descargo, sobre todo la comparecencia de Fox, de su secretario de Defensa Gerardo Clemente Vega y del ex secretario Enrique Cervantes Aguirre.

Eso convirtió al brigadier en un general incómodo al que por esas razones de carácter político se le pusieron todos los obstáculos posibles para obtener justicia. La militar acabó por declararse incompetente para seguir en el caso y la derivó a tribunales federales que fueron los que ordenaron su traslado, primero a Nayarit y después a las Islas Marías.

Esta historia no se ha acabado. Dará mucho más de qué hablar, ahora que el general remonte los muros de agua.

@RaulRodriguezC

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