De las noticias que pudieron haber pasado desapercibidas esta Semana Santa por vacaciones hay tres que, por su significado y próximas repercusiones, ameritan ser comentadas: la presentación del primer avance de los criterios de política económica para el año próximo, el diferendo del gobierno de México con el relator de la ONU sobre tortura y el inicio formal de la guerra electoral.

1. La Secretaría de Hacienda presentó el martes pasado el documento conocido como Pre-criterios de Política Económica en cumplimiento de la exigencia jurídica (artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) de hacerlo a más tardar el primero de abril del año correspondiente.

Destacan estos datos que, por cierto, no muestran una evolución favorable de la economía y, mucho menos, la posibilidad de desatar un crecimiento consistente, tal y como prometió el gobierno una vez aprobadas las sobrevaloradas reformas estructurales.

El crecimiento estimado fluctuará entre 3.3 y 4.3% del PIB, previsión que es prácticamente similar a la esperada por Hacienda para este año (3.2 a 4.2%) y que analistas ya han ajustado a menos de dos por ciento.

El precio de referencia para el barril de petróleo de exportación quedó fijado en 50 dólares por barril, 29 dólares por debajo del establecido en el Presupuesto de este año. Es claro que el precio internacional del petróleo, que durante los últimos días ha estado por debajo de esos 50 dólares (44 dólares por barril el pasado 23 de marzo), se mantendrá deprimido en los próximos meses y que, por lo mismo, es poco probable que el gobierno busque coberturas de seguro, como las que adquirió para este año. Por lo tanto, los efectos sobre los ingresos de la hacienda nacional serán severos (23% estiman que caerán los ingresos petroleros).

De ahí viene la decisión de recortar el presupuesto de gastos para 2016 en 135 mil millones de pesos. Este monto se suma al recorte ya hecho este año por 124 mil 300 millones de pesos, lo que habla del boquete que la caída del petróleo ha provocado en las finanzas públicas.

El recorte afectará, inevitablemente, programas sociales y. por su monto, tocará lo que los altos mandos burocráticos buscan siempre evitar: el gasto corriente del gobierno. Es previsible que haya recorte de plazas en el sector público y, en consecuencia, mayor desempleo.

A todo esto deberá sumarse lo que denominan el factor externo, concentrado básicamente en la decisión que más pronto que tarde tomará la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) de aumentar sus tasas de interés, lo que repercutirá en México con el encarecimiento del dólar y del crédito.

Nada halagüeño, por lo tanto, el panorama.

2. Más berrinche que decisión de Estado de amenazar con dar por terminada la relación de México con el relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez. El funcionario había entregado un informe en el que concluye que la tortura en México es una práctica generalizada. Nada gusto al gobierno semejante aserto y lo cuestionó por los conductos diplomáticos. Si no había más elementos de prueba que lo contradijeran (al menos nunca se hicieron públicos adjuntos a las declaraciones condenatorias), ahí debió haber quedado. Pero la Cancillería escaló el asunto al acusar a Méndez de haber procedido sin ética y amenazar con romper con la relatoría de la ONU. Finalmente ayer tuvo que doblar las manos y dar por terminado el diferendo. En México es frecuente la tortura y los esfuerzos para evitarla han quedado en aplicables, hasta el momento, modificaciones a la ley.

3. Inició la guerra electoral de los “spots”. Desde ayer y hasta el próximo 3 de junio, los diez partidos políticos podrán promoverse gratuitamente en radio y televisión. El Instituto Nacional Electoral les dio once millones 356 mil 254 espacios en tiempos oficiales. Su propaganda se transmitirá en dos mil 500 estaciones y canales de todo el país. Están en disputa dos mil 170 cargos de elección popular y nueve gubernaturas.

¡Qué pesadilla!

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