Esta semana se conocerá el contenido de la iniciativa de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. Por fin se sabrá su calado y letras chiquitas. La pregunta es si irá al fondo pretendido de una reforma constitucional que abra al capital privado todas las actividades de la industria petrolera (incluso las hoy reservadas a Pemex), o si la coyuntura del país lo obliga a sólo proponer cambios a la legislación secundaria sin tocar la Constitución.

El PAN, en una bastante forzada maniobra de unidad interna, hizo pública la semana pasada su iniciativa de reforma energética. Va por la apertura total de la industria petrolera al capital privado nacional y extranjero y, por lo tanto, cambiaría radicalmente lo que hasta ahora ha sido. Para saber de qué se trata baste identificar cuál es el cambio constitucional esencial que propone. Se ubica en el párrafo sexto del artículo 27.

Actualmente dice: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se haya otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos (…) Corresponde a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica”.

La iniciativa panista propone: “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la nación por conducto de operadores que realicen las actividades de exploración y producción conforme al artículo 28 de esta Constitución. Asimismo, para asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, el Estado desarrollará estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático”.

Es cierto, la propuesta no pretende vender o privatizar un solo fierro de Pemex. Lo que sí pretende privatizar (al darle entrada al capital privado) son las estratégicas actividades de exploración, producción y transformación del petróleo y, con ello, la renta petrolera.

Por lo que ha dicho Peña Nieto a periódicos extranjeros o a grupos de inversionistas privados, ese es también el fondo, el espíritu de la reforma que pretende su gobierno. Es más, muchos de sus funcionarios y legisladores del PRI vieron con muy buenos ojos y dieron la bienvenida a la iniciativa blanquiazul. De alguna manera dejaron al PAN la paternidad de una propuesta no compartida por una mayoría de los mexicanos (según sondeos recientes). Y, desde su radicalismo, es más sencillo para los tricolores acotarla y ganar el aplauso del respetable.

Algunos de los términos de esa acotación podrían venir desde la propuesta del PRD que no es la de toda la izquierda. El perredismo ha planteado un no definitivo a cualquier intento de reforma constitucional, aunque fijará su posición definitiva después de la consulta que llevará a cabo. A su vez, y radicalmente en contra de cualquier intentona privatizadora, AMLO y su Morena preparan movilizaciones populares y han dicho que darán esta lucha sin el PRD porque éste está muy comprometido con el gobierno en el Pacto por México.

Debe decirse que los votos del PRI, el PAN y sus pequeños aliados en el Congreso completarían las dos terceras partes requeridas para una reforma constitucional.

Ahora bien, por lo que se sabe ha negociado el gobierno federal con las principales fuerzas políticas, antes de acometer la reforma energética, deberá procesarse en periodo extraordinario del Congreso una reforma electoral (que es sólo una parte de la reforma política de fondo que el PRI prefiere dejar para mucho después); y acompañar la energética de una reforma hacendaria que tapará el hoyo en los ingresos del gobierno que se derivará de la privatización de la renta petrolera. Y por lo que se ha dicho, el gobierno buscaría eliminar muchos de los beneficios fiscales y, sobre todo, ampliar el IVA a 16% y eliminar la tasa cero en alimentos y medicinas.

No parece haber duda que Peña Nieto está con esas reformas en los términos planteados pero acaso deba valorar otras circunstancias: llegó al gobierno con cuestionamientos de una parte de los votantes, le ha dado vuelta a la reforma política de fondo, la economía no crece y la violencia sí. La gente está harta de casi tres décadas de crisis y podría ver esta reforma como una traición, o el aumento al IVA como un golpe devastador en un país de pobres que se lo cobrarían no sólo electoralmente sino también en la calle, lo que algunos llaman el fantasma de la ingobernabilidad.