Los maestros en México tienen salarios miserables, la escuela pública está abandonada y la formación continua del docente olvidada, es el resultado de que durante muchos años el PRI y el PAN han usado al magisterio con fines electorales y de control político.

Hay que evaluar al docente, es correcto, el mecanismo de la evaluación tiene que servir para corregir la falta de formación, pero no debe usarse como instrumento de control político o para arrebatar su plaza al maestro y eliminar sus derechos laborales.

La reforma educativa surgida del Pacto por México violenta el espíritu del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la progresividad de los derechos, principio que prohíbe dar marcha atrás en garantías ya conquistadas, así como del artículo tercero debido a que al legalizar las cuotas que hasta hoy pagan ilegalmente los padres de familia se atenta contra el principio de gratuidad de la educación pública.

Asimismo, el apartado B del Artículo 123 es lesionado al atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación.

La reforma educativa busca facilitar el despido de los maestros, no mejorar la calidad de la educación. La reforma educativa es rechazada por la gran mayoría de los maestros.

Es inadmisible que se consume una reforma educativa sin haber tomado en cuenta a los propios maestros.

La reforma educativa promovida desde el Pacto por México es inconstitucional y regresiva.

Si en verdad quieren mejorar la calidad de la educación en el país es necesario elevar la calidad de la formación magisterial y el salario de estos importantes profesionistas.