Alerta de género

Mié, 04/12/2013 - 05:00

En sólo un año, Amnistía Internacional (AI) registró 2 mil muertes violentas de mujeres en México, de las cuales sólo en 5% de los casos los asesinos están presos.

El pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de concretar la aplicación de la denominada Alerta de género, que ha sido obstaculizada por el gobierno y pretende garantizar la seguridad de las mujeres, la eliminación de las desigualdades y la defensa de sus derechos humanos. Con el nuevo reglamento, supuestamente se recoge la exigencia de aplicar dicha declaratoria para proteger la vida de las mujeres en México. De tal forma que se puedan evitar las trabas que se han tenido para su establecimiento, como en los estados de México, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León e Hidalgo.

A lo largo de años, ha habido diversas recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos para que se logre su instrumentación.

Según el nuevo reglamento, ahora sí se aplicará dicha figura, a partir de un grupo de trabajo de académicas y expertas independientes que analizarán las solicitudes y por conducto de la Secretaría de Gobernación, emitirán recomendaciones a los gobiernos estatales y municipales.

En teoría, con este mecanismo se resolverá el conflicto de intereses y la “politización” de la que han sido objeto las solicitudes, tomando en consideración criterios técnicos y científicos.

El informe del grupo deberá contener: el contexto de violencia contra las mujeres donde se solicita la alerta, la metodología de análisis y las conclusiones para abatir el feminicidio. Asimismo, deberá contener las acciones preventivas, de seguridad y justicia para abatir la violencia, la asignación presupuestal y el territorio.

Esta reforma es resultado de la presión de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Ahora esperamos que se aplique, pues un país inmerso en la violencia difícilmente podrá salir de la crisis, con una política educativa y económica basada en la privatización y la entrega de nuestra soberanía. No permitamos la reforma energética, acudamos hoy al cerco al Senado.

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