MAL INICIO Después de que el gobierno capitalino cedió ante las exigencias de las organizaciones de microbuses y les concedió un aumento en su tarifa, los representantes de más de 6 mil concesionarios que cubren algunas de las rutas con mayor afluencia en la ciudad ni siquiera asistieron a la firma del convenio en la que debían comprometerse a mejorar el estado de las unidades y, sobre todo, el servicio a los pasajeros. Aunque el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, aseguró que los operadores de transporte público que no cubran los requisitos de ley serán sancionados por partida doble, los dirigentes del gremio como Francisco Aguirre y José Luis Tenorio les hicieron el feo a las autoridades en el día en el que entró en vigor la nueva tarifa que ya era aplicada desde el fin de semana en varias rutas. Al parecer, el aumento concedido no contribuirá en nada al mejoramiento del servicio y sólo beneficiará a los permisionarios que cuentan con un mercado cautivo de pasajeros en el Distrito Federal.

A PASAR LISTA Quien exigió que los gobiernos estatales se pongan severos con los profesores que falten a sus labores para realizar movilizaciones, es el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett, que explicó que se aplicarán medidas como descuentos en los días no trabajados y hasta la baja definitiva de los educadores que se ausenten de las escuelas en las que se imparten clases durante varios días consecutivos. Todo parece indicar que esto provocaría que los maestros la piensen dos veces antes de dejar sus puestos para salir a las protestas. Ahora falta ver si las sanciones se hacen efectivas, sobre todo ahora que el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la SEP, se reunieron ayer con el secretario general del SNTE, Juan Díaz. ¿Será que en el encuentro se llegó a un acuerdo sobre las normas que deberán seguirse en el magisterio?

HUMILDEMENTE Donde hicieron gala de los recursos públicos con los que se cuentan es en la Cámara de Diputados, pues los 500 legisladores federales recibieron un pin de oro de 14 quilates en los que la Cámara Alta gastó 1.6 millones de pesos, para sustituir los de latón que no fueron del agrado de los diputados... como si el adorno fuera necesario.