La rendición de cuentas: un tema pendiente

ACUERDO. No son pocos los analistas, nacionales y extranjeros, que coinciden en citar que la denominada “tercera ola democratizadora”, la cual se iniciara en la década de los 70 del siglo pasado y que trajera consigo procesos de transición e instauración democrática, así como elementos en la democracia como el derecho a la información pública, gobiernos divididos, rendición de cuentas, revocación de mandato y la transparencia gubernamental.

En torno de ese último, debo mencionar que la transparencia, al igual que la democracia, recorrió un camino lleno de obstáculos para finalmente integrarse a la vida pública. Sobre la transparencia y su significado para la vida democrática de un país, encontramos que permite claridad, información y comunicación en las relaciones entre gobernados y gobernantes, facilitando, mediante reglas definidas, que el Estado se encuentre libre de secrecía y sea, en un ejercicio democrático, vigilado por la ciudadanía.

MODIFICACIÓN. Para arribar a tales atributos, fue necesario la gestación de trascendentales cambios políticos, mismos que fueron allanando el camino para la implementación de una legislación en la materia. Al respecto, habría que recordar que tras la revisión y acuerdos entre las principales fuerzas políticas y una importante participación de la sociedad civil, en el año 2002, al aprobarse la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se dio paso al desarrollo de tal práctica en la administración pública. Fue un elemento fundamental en el desarrollo la sociedad organizada, la cual, desde fines del siglo XX, presionó para que la transparencia, acompañada por la transición democrática, arribaran al país.

El esfuerzo de estos grupos sociales organizados permitió la discusión de la iniciativa que en el año 2001 sería el pilar fundamental para que se aprobara la ley antes citada. A partir de esa fecha, mucho es lo que se ha avanzado en la materia. Sin embargo, diversas investigaciones han dado cuenta de que aún persisten, en los tres niveles de gobierno, prácticas de opacidad, que se manifiesta en diversos ámbitos del escenario público, contraria al principio de máxima publicidad.

SOLUCIÓN. La solución ética es quizá la opción más clara para que, por ejemplo, las instituciones realmente permitan el acceso a los ciudadanos a la información pública, incluida la catalogada como reservada y confidencial. De igual modo, mientras la ética no permee en la administración pública, resultará complicado que en verdad se transparente la gestión pública y se favorezca la rendición de cuentas de cara a los ciudadanos.

Si la ética no se encuentra presente en la acción del gobierno, en la mente de los funcionarios públicos y en el sentir de la sociedad, la democratización del país en su conjunto y la plena vigencia del Estado de derecho, sólo podrán ser vistas como utopías a las que sólo en sueños se podrá acceder.

Por lo anterior, es necesario desatorar la propuesta del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para crear una Comisión Nacional Anticorrupción como un órgano autónomo con mayor capacidad, para asegurar que en todos los órdenes de gobierno exista una verdadera y auténtica rendición de cuentas.

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