Se agotaron, al parecer, los recursos legales, y la reforma constitucional en materia educativa alcanzó ayer un punto de colisión difícilmente evitable con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Miles de maestros afiliados a esas organizaciones están dispuestos a tomar oficinas y bloquear autopistas, lo que los llevará en ruta de choque con las policías federal y estatales. Plantean así un fuerte reto político, acaso el más complejo que haya tenido a los largo de 125 días el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, reto que por supuesto alcanza a sus secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de Educación, Emilio Chuayffet.

Las caras más visibles del conflicto están en Guerrero y Oaxaca. El reto, por lo tanto, también está planteado para los gobernadores Ángel Aguirre y Gabino Cué, respectivamente.

Aunque hoy son otras las circunstancias políticas y jurídicas, es pertinente recordar que sus antecesores no pudieron ni con la CNTE ni con el SNTE, y cedieron a sus demandas para sofocar conflictos que han amenazado la gobernabilidad de esos estados.

Pero vayamos por partes y empecemos por un contexto imprescindible: la reforma educativa (a nivel constitucional) fue aprobada y es norma vigente; en tanto, se trabaja en la Ley General de Educación y las leyes estatales correspondientes.

En el caso de Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) perteneciente a la CNTE, mantuvo tomado durante varios días el Palacio de Gobierno en Chilpancingo y bloqueó durante ocho horas la Autopista del Sol, en plena Semana Santa, en rechazo a la reforma educativa.

Para liberarla y dar ruta de solución al conflicto, el gobernador Aguirre aceptó enviar al Congreso del estado una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación con básicamente dos planteamientos de la CETEG: garantizar plazas automáticas a todos los estudiantes normalistas egresados (parte fundamental de lo que denominan el respeto a sus derechos laborales); y la gratuidad de la educación.

El Congreso de Guerrero la rechazó por considerar que contravienen las reformas que someten a exámenes de oposición el otorgamientio de plazas a maestros. La vía de solución iba hacia la inconstitucionalidad, lo que seguramente ya sabía el viejo lobo de mar Ángel Aguirre, quien ahora podrá decir que él agotó los recursos del diálogo y que no le dejaron más camino que el de la confrontación. El rechazo provocó la movilización magisterial guerrerense que hasta anoche discutía los pasos a dar.

En Oaxaca, el gobernador Gabino Cué negoció con la sección 22 del SNTE asuntos que se incluyeron en una propuesta que se creyó, igual que ocurrió en Guerrero, se plantearían al Congreso local. No sucedió así porque si bien los maestros reconocieron haber participado en la elaboración de esa propuesta (con elementos de su Plan de Transformación de la Educación de Oaxaca), también dijeron que su Asamblea rechazó la iniciativa de Cué.

Cué no presentó nada, el lunes, ante el Congreso oaxaqueño (que cerró su periodo ordinario de sesiones), pero se sacó un as de la manga: presentó ayer a diputados federales perredistas una iniciativa a la Ley General de Educación que denominó “tropicalizar” la reforma educativa, es decir, adaptarla a las necesidades de cada estado o región del país. Dijo que no se trata de una contrarreforma educativa ni de evadir la evaluación, sino de dar la oportunidad a quienes imparten la educación de incorporar en la ley sus verdaderas necesidades.

Poco detalló el contenido de su propuesta y no se sabe si incorpore alguna de las demandas centrales de los maestros como la de precisar facultades, objetivos y quehacer del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y los alcances del Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa, de modo que se garantice que no se violen los derechos laborales del gremio”. Si Cué lo hizo sólo por ganar tiempo, juega con fuego y el estado se le puede prender.

El reto es mayúsculo para los gobernadores de Guerrero y Oaxaca, pero también para el gobierno federal, ya que ceder a cualquiera de las demandas magisteriales será interpretado como una contrarreforma. ([email protected] @RaulRodriguezC).