Irradiando los derechos de la infancia y la adolescencia

El pasado lunes 29 de septiembre, en el Senado de la República aprobamos la Iniciativa Preferente que envío el presidente Enrique Peña Nieto: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin duda, una legislación moderna que parte del principio rector del interés superior de la niñez y establece que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos.

Ésta nueva legislación se incorpora a las grandes reformas transformadoras que tendrán como objetivo la construcción de un México con mayor justicia social y con estricto apego a los derechos humanos. Se amplían y fortalecen los derechos de uno de los sectores más nobles y, por lo tanto, con mayor vulnerabilidad.

Existirá por primera ocasión un ente articulador —el Sistema Nacional de Protección Integral, presidido por el Presidente de la República—, que ostentará la responsabilidad superior en la materia y coordinará todas las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de que nuestra infancia y adolescencia pueda hacer efectivos su derecho a la identidad, la protección social, la salud, la educación, el esparcimiento, la cultura, el deporte, la seguridad jurídica y el debido proceso, cuando sean imputados por algún delito.

No obstante, quiero resaltar dos aspectos fundamentales en su contenido que representarán un apoyo a la tranquilidad de los padres de familia. Primero, la nueva legislación establece que las autoridades deberán diseñar estrategias y acciones para la prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, para lo cual se deberá incluir la participación de los sectores privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia. Asimismo, prevé la aplicación de sanciones a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan o propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar.

Segundo, se establecen medidas claras para evitar que los medios de comunicación difundan contenidos que pongan en peligro la vida, la dignidad, la integridad u otros derechos de la niñez mexicana. Por ejemplo, será sancionado todo aquel concesionario que, en horarios familiares, programe contenidos con extrema violencia o haga apología del crimen.

En síntesis, se incorporan mecanismos que permitirán que el Estado asuma un papel más activo en la defensa de los derechos de la infancia y se establezcan políticas transversales para asegurar su pleno cumplimiento en beneficio de los más de 39 millones de niños y adolescentes que viven en nuestro país.

La nueva Ley impulsada por el Presidente y enriquecida por todos los grupos parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, es de enorme trascendencia. Todos coincidimos que esta reforma sienta las bases para garantizar el desarrollo integral de todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

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