Como ya es costumbre, Peña Nieto y sus asesores anunciaron ante la prensa extranjera parte de lo que será su propuesta fiscal que, entre otras cosas, incluye cobrar IVA en medicinas y alimentos. De aplicarse esta medida se generaría automáticamente un empobrecimiento de la población superior a 10%, lo que se traduciría en un descenso en los ingresos de las clases medias y populares de alrededor de 11%. Es decir, los planes del gobierno harían más pobres a quienes ya son pobres y sumarían a la lista de miseria a muchas familias de clases medias.

La urgencia de imponer IVA a productos y servicios que en la actualidad no lo tienen, así como de incrementar de 16 a 19% este impuesto, no es gratuita. Obedece a la lógica privatizadora del petróleo. Lo que Peña anunció permite saber que está planeando ceder a empresas extranjeras por lo menos la mitad de las ganancias del petróleo, que ascienden a unos 600 mil millones de pesos, ya que es la cantidad que espera recaudar a costa del hambre y la salud de la gente.

Las ambiciones fiscales de Peña permiten confirmar que también buscan imponer el IVA a libros, transporte público, colegiaturas, vivienda, así como incrementar la tasa actual del IVA de 16 a 19%. El golpe a las clases medias y populares sería salvaje en definitiva.

La noticia, dada en exclusiva a una agencia noticiosa extranjera, permite ver con claridad el verdadero rostro social de la administración del PRI y del Pacto por México, ya que se da en el contexto del anuncio de que más de la mitad de los mexicanos vive en pobreza. Peña Nieto no sólo es torpe al empalmar ambas informaciones, también se muestra insensible para muchas familias que viven al día o se ven amenazadas por el desempleo.

Es, además, ilustrativo el hecho de que antes de aplicar un programa de austeridad, en la élite del gobierno se pretenda cargarle la mano a la gente que durante los 30 años de neoliberalismo ha sufrido un empobrecimiento crónico.

Un gobierno que compra un avión presidencial de 6 mil 500 millones de pesos obviamente no está gastando bien y mucho menos cuenta con autoridad moral y política para pedir a la gente un sacrificio que la llevaría al empobrecimiento.

Ahí está el derroche en los salarios de los miembros del gabinete, de los ministros de la Corte y de los directivos de los órganos desconcentrados, los 40 millones de pesos que invierte el IFE en “servicio de lavandería”, los autos de lujo, los ejércitos de guaruras, los viajes al extranjero con cargo al erario y los fistoles de oro de los diputados como muestra monumental de que los poderosos están dispuestos a todo, incluso a seguir incrementando el números de mexicanos pobres, antes que dejar esos “pequeños lujos”.