Los 11 del INE

OPINIÓN 02/04/2014 05:00 Actualizada 05:00

El próximo martes vencerá el plazo que marca la ley a la Cámara de Diputados para que tenga designados a los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones (INE), incluido su presidente. De no lograr los diputados la votación calificada requerida, tendrán que designarlos, dos días después, por insaculación, es decir, mediante la selección al azar de los aspirantes. Y si ese procedimiento no se cumple o es impugnado, será la Suprema Corte, también por insaculación, la que decida quiénes serán los 11 del INE.

Llegar a una selección al azar, vía San Lázaro o vía Corte, restaría legitimidad y fuerza a la institución que habrá de sustituir al cuestionado y desgastado IFE y que, además, concentrará la organización y realización de elecciones de alcaldes, jefe de gobierno del DF, todos los gobernadores y los legisladores federales y locales, y el Presidente de la República.

Esa tarea, sin precedente, marca el tamaño del INE y el de la necesidad de que sus consejeros sean los más aptos y elegidos con el mayor consenso que los legitime. Por desgracia, el proceso no ha aportado hasta hoy datos consistentes que permitan suponer que vaya a ser así.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja creó un Comité Técnico de Evaluación que ya hizo la primera selección de los mejores aspirantes. Ese comité lo conforman Jorge Moreno Collado, consejero de la Judicatura Federal; Alejandro González Alcocer, ex gobernador interino de BCN; Ricardo Becerra Laguna, subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; la politóloga Soledad Loaeza; Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinoza Yglesias; José Antonio Lozano Diez, director del Departamento de Derecho de la Universidad Panamericana, y Tonatiúh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte.

Se trata de ciudadanos con excelentes cartas, pero no todos ellos tienen el suficiente conocimiento de las “tripas” del derecho y las instituciones electorales, y por lo menos uno tiene lazos personales y/o políticos con muchos de los aspirantes, toda vez que trabajó en el IFE.

De los 307 aspirantes que se postularon para ser consejeros, el Comité creó “quintetas” para elegir a tres consejeros por nueve años, cuatro por seis, tres por tres años y una para Presidente. Se trata, pues, de 55 personas.

Hasta la fecha, el Comité no ha informado qué criterios usó para esa selección de “quintetas” ni ha hecho públicas calificaciones obtenidas, votaciones o versiones del contenido de sus sesiones. El proceso ha sido opaco y, al violar la exigencia de transparencia y amplia publicidad planteada por la Jucopo, permite suponer criterios de favoritismo y/o de cuotas político-partidistas.

La “quinteta” para presidente del INE quedó conformada por los actuales consejeros Marco Antonio Baños (vinculado al grupo priísta de Manlio Fabio Beltrones y Felipe Solís Acero) y Lorenzo Córdova (respaldado por el chuchismo pactista del PRD); además de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del IFE, María de los Ángeles Llanderal, secretaria ejecutiva del nuevo sistema de justicia penal de Michoacán, y Leticia Catalina Soto Acosta, presidenta del Instituto Electoral de Zacatecas.

Por eso es razonable que el PAN exija que se abra la “quinteta” para presidente para incluir al ex consejero Arturo Sánchez Gutiérrez, ciertamente cercano al blanquiazul, pero con amplios conocimientos de los entretelones de las instituciones electorales. Sánchez Gutiérrez fue seleccionado como aspirante en una “quinteta” de consejero para tres años. El PRI y el PRD han rechazado la petición blanquiazul que, ahora inconforme, demanda que se pase directo a la insaculación y amenaza con evitar que se logren mayorías calificadas para la selección.

El primer Consejo General del IFE totalmente ciudadanizado, encabezado por José Woldenberg, ha sido, sin duda, el de mejor desempeño. Fue integrado con un amplio consenso y, por lo tanto, tuvo legitimidad y fuerza. Los otros dos Consejos fueron designados en 2003 y 2008 sin un consenso amplio en procesos marcados por las cuotas político-partidistas. Desembocaron en el fraude electoral de 2006 y en la duda de los resultados de 2012. Algo similar o peor podría pasar en 2018 si no se transparenta la elección de los 11 del INE.

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