Sea o no el activista universitario Sandino Bucio Dovalí el que aparece en algunos periódicos con parte del rostro cubierto y en posición de lanzar algún tipo de proyectil, el 20 de noviembre pasado frente a Palacio Nacional, nada justifica su arbitraria detención por policías sin uniforme que lo forzaron a subir a un vehículo particular sin placas; lo amenazaron con desaparecerlo y lo golpearon antes de presentarlo ante la SEIDO.

Procedimientos de esa naturaleza, violatorios del debido proceso y los derechos humanos no son nuevos en las corporaciones policiacas. De hecho han sido constantes, pues en su versión más acabada, ya con actitudes aniquiladoras empleadas por temidas corporaciones como la Policía Judicial, la Dirección Federal de Seguridad, los cuerpos contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas, la DIPD o la Brigada Blanca, en la llamada “guerra sucia”, aquella que en las décadas de los 70 y 80 emprendió el Estado mexicano contra las guerrillas surgidas después de la represión y la frustración del movimiento estudiantil de 1968.

Los defensores de esas prácticas (que de acuerdo con la fiscalía especial creada para indagar los crímenes cometidos en ese periodo, que incluyeron el lanzamiento desde aviones, a aguas del Golfo de México, a detenidos y a cuerpos sin vida abatidos en los enfrentamientos con las fuerzas armadas), razonan que, si alguien desafía al Estado, como ahora ocurre con quienes protestan por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y exigen la renuncia a Enrique Peña Nieto, éste tiene todo el derecho a defenderse y aplacar a los soliviantados.

Así fue el razonamiento de los mandos que dirigieron la “guerra sucia” y está de nuevo presente detrás de los procedimientos empleados en la captura e interrogatorio de Bucio Dovalí y otros que han incurrido en actos violentos por los sucesos de Ayotzinapa. Y claro, el Estado tiene todo el derecho de defenderse, pero está obligado a hacerlo mediante la legalidad.

Fíjese usted el contrasentido: el fondo de la convocatoria presidencial del jueves pasado (listado reciclado de buenos propósitos) está el respeto del Estado de Derecho, cosa que no se hizo ni en la “guerra sucia” de los 70-80, ni ahora con la detención de Sandino. ¿O qué no dice el refrán que “el buen juez por la casa empieza”?

Gracias a los recursos de la tecnología que convierten a todos los usuarios de celulares en denunciantes con fotos y videos, la detención arbitraria del estudiante de Filosofía y Letras fue difundida por redes sociales, lo que dio lugar a manifestaciones en el DF, en las inmediaciones de la UNAM y afuera de la SEIDO, esto presionó tan fuerte que el universitario fue liberado el sábado pasado. Fue liberado por esa presión social pero, sobre todo, porque no hubo las suficientes pruebas que justificaran esa detención plagada de golpes y de tortura sicológica para desaparecerlo como a los de Ayotzinapa.

El fin de semana pasado también un juez federal ordenó liberar de dos penales de máxima seguridad en Veracruz y Nayarit, a los 11 detenidos por los disturbios del 20 de noviembre, lo que vuelve a señalar la incapacidad de la PGR. La Comisión Nacional de Seguridad reconoció que se cometieron irregularidades en la detención de Sandino y que habían suspendido a los federales que participaron en ésta.

¿No se suponía que esas prácticas habían quedado atrás? Por lo visto no y lo peor es que una institución obligada en cumplir la ley, porque la procura a nuestro nombre (PGR), es la que viola el Estado de Derecho que exige se cumpla. Y en ello ha caído, yerro tras yerro, en esta crisis que hoy vivimos.