Una defensora para el DF

Vie, 01/11/2013 - 05:00

Son 28 los aspirantes a presidir durante los próximos cuatro años la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Todos, por fortuna, según se pudo indagar, tienen trayectoria y algo qué decir en la materia. Entre los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sin embargo, parece haber consenso a favor de la doctora Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Dicen los asambleístas consultados por este reportero que la doctora Pérez Gallardo tiene prendas profesionales que la distinguen de los demás. ¿Será esto cierto o acaso se trata, como casi siempre, de respaldar a la aspirante más afín, en este caso, a la mayoría perredista que gobierna y dirige los destinos de la ALDF?

A juzgar por la revisión de su currículum vitae, la investigadora de la UAM tiene experiencia en el litigio, la docencia, la investigación y la consultoría en elaboración de leyes. Es una abogada, maestra y doctora en derecho por la UNAM que ofrecería una mejoría técnico-jurídica en las recomendaciones que emite la institución, como un verdadero mecanismo de protección.

En su entrevista con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Gómez Gallardo demandó visibilizar los derechos de quienes no pueden denunciar, facultad que es propia de la CDHDF y que estaría en capacidad de optimizar. Otros aspectos que delineó en su propuesta fueron la transparencia y rendición de cuentas como requisito mínimo para la gestión, lo que incide en uno de los hechos más criticados al anterior ombdusman capitalino.

Debe destacarse, por otro lado, su experiencia en la defensa del ejercicio responsable de la libertad de expresión que la ha llevado a litigar casos en tribunales del DF, y relevantes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con precedentes a favor de este derecho. Cosa de mencionar casos como los de Miguel Ángel Granados Chapa, Jorge Carpizo, Lorenzo Meyer, Froylán López Narváez y Eduardo R. Huchim, entre otros.

La doctora Gómez Gallardo, por cierto, fue postulada por la Fundación Manuel Buendía y a su candidatura para presidir la CDHDF se han sumado la UAM; el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la UNAM, y la Fundación Trust for the Americas.

Por lo demás, ella es la primera de los 28 candidatos que no sólo acepta que se difunda su currículum vitae, sino que lo pone a disposición del público como un requisito mínimo para que los habitantes de la ciudad conozcan el perfil de quienes pretenden presidir la CDHDF. Esta institución ha emitido, desde su creación hasta la fecha, 280 recomendaciones, de las que 52.85% se reportan concluidas, en tanto que 38.21% están sujetas a seguimiento. Seguirlas dilatando sería una violación a los derechos humanos.

Instantáneas

1. MALTRATO. La Comisión de Derechos Humanos, pero la nacional, la que preside Raúl Plasencia, presentó el miércoles un informe especial sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y de los gobiernos de los estados. Para su elaboración, un grupo de médicos, psicólogos y abogados visitaron en 2011 y 2012 un total de 41 centros de atención intrahospitalaria: tres administrados por la Secretaría de Salud, uno más por ella, tres del Seguro Social, uno de la Defensa Nacional y 34 de las Secretarías de Salud de 25 estados. Se encontró en ellos una capacidad instalada de 4 mil nueve camas con una población de 3 mil 143 pacientes. Pero también se encontraron graves violaciones a los derechos humanos: tratos inhumanos y degradantes como el aislamiento (un paciente lo estuvo durante tres meses), electrochoques, ataques sexuales e ingresos involuntarios no certificados por un MP; falta de recursos y mala administración, además de que se corroboró que muchos de los internos podrían estar fuera si recibieran el tratamiento adecuado.

2. INDULTO. Finalmente, y después de 13 años de cárcel, el profesor indígena Alberto Patishtán, acusado y sentenciado a 60 años de cárcel por homicidio, en un proceso que violó los más elementales derechos humanos, recibió el indulto del presidente Enrique Peña, quien aprovechó la ampliación de esa facultad que le concedió el Congreso para ordenar su inmediata liberación. Esto, después de que se agotaron todas las instancias procesales, incluso la de la Corte. Este fue otro golpe, muy severo, al Poder Judicial.

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