Chafean tutelares por falta de lana

La Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) atraviesa una de las peores crisis para lograr reinserciones sociales eficaces, debido a que no han sido otorgadas partidas presupuestales “esenciales” para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Integral para Adolescentes en la Ciudad de México.

Un informe de actividades del primer semestre de la DGTPA, adscrita a la Subsecretaria del Sistema Penitenciario y dependiente de la Secretaría de Gobierno de la capital, revela que esta dirección sólo tiene autonomía para ejercer 5.3% de los recursos, ya que 74% del presupuesto está destinado a la partida 1000, que agrupa las remuneraciones del personal como son sueldos, dietas, honorarios, prestaciones, gastos de seguridad social y obligaciones laborales.

El documento remitido a la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, que preside la diputada Rebeca Peralta, advierte sobre el deterioro que prevalece en los inmuebles y el mobiliario de cada uno de los tutelares para menores.

Además evidencia que las instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y estructurales están dañadas, el circuito cerrado es obsoleto, hay deterioro en el mobiliario (sillas, mesas, pizarrones, pupitres y escritorios) y precariedad de otros recursos como aulas, computadoras y el equipamiento propio para cada actividad educativa, cultural o socio laboral.

La DGTPA es responsable de ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento que se impongan a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, además de garantizar el respeto de sus derechos humanos.

El informe da muestra de la necesidad que tiene la dirección de recibir recursos adicionales para llevar a cabo reparaciones y acciones de mantenimiento en todos los centros. Por ejemplo, detalla, no se dispone de partidas para la adquisición de medicinas o productos farmacéuticos ni tampoco para acciones de limpieza, entre otros materiales. 

De hecho, el diagnóstico muestra que cada una de las seis comunidades de adolescentes que hay en la ciudad, requiere instalaciones más ajustadas al modelo de justicia. Es decir, que los adolescentes no vivan en condiciones precarias y discriminatorias que dificulten la sana y pacífica convivencia.

Por esta situación, en el informe se propone un programa para la dignificación de espacios que contempla incluso la creación o acondicionamiento hasta para la visita íntima.

Asimismo, se considera imprescindible la creación de un “Centro de Detención” para atender a quienes fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición del Tribunal Superior de Justicia para que un Juez de Control verifique su situación.