Militares se excedieron en Tlatlaya
Diputados dicen que se les pasó la mano en el uso de fuerza
Foto: Archivo / El Gráfico
El grupo de trabajo de la Cámara de Diputados que coadyuva en las investigaciones de los hechos de Tlatlaya, estado de México, donde fallecieron 22 personas el 30 de junio, señaló que hubo un “uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza” por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tuvo como consecuencia que al menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de “ejecuciones extrajudiciales”.
Al presentar su informe final que será llevado ante el pleno de la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta Parlamentaria, los integrantes del grupo dijeron que es necesario e ingente que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que los 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento.
Además, consideran necesario que el Estado profundice en las investigaciones de los antecedentes de los hechos del 30 de junio de 2014, a fin de conocer las circunstancias en las que se involucraron los occisos y las tres sobrevivientes.
El priísta Fidel Pacheco dijo que nada de lo asentado en el informe deberá interpretarse en el sentido de afirmar o negar la responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra índole de las personas sujetas o no a proceso penal, víctimas directas o indirectas, servidores públicos o cualquier otra.
El pasado 25 de septiembre, la Sedena informó que al menos ocho militares que participaron en el enfrentamiento de Tlatlaya —entre ellos un teniente—, fueron detenidos.
La versión oficial del Ejército, a través de un comunicado, fue que la muerte de los 22 civiles había sido producto de un enfrentamiento.
Conclusiones. Por esto, en el informe, los legisladores consideran necesario que se esclarezcan, con estricto apego a lo establecido en la ley, las responsabilidades correspondientes en el ámbito penal, administrativo y de la disciplina militar, de los elementos que integraron la cadena de mando de la Sedena.
Es decir, que —más allá de aquellos que se encuentran bajo proceso en la jurisdicción civil—, se extienda a aquellos mandos jerárquicos y elementos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos o que, sin haber estado físicamente presentes, tenían responsabilidad respecto a la supervisión de la actuación de estos elementos.
En el informe destacan también que se esclarezcan públicamente las razones por las cuales agentes y peritos de la Procuraduría mexiquense llegaron a la bodega de Tlatlaya “más de seis horas después de que concluyeron los hechos y las consecuencias de dicha dilación, en la medida que la ley lo permita”.
El grupo de trabajo que encabeza Elena Tapia dijo que considera “notoriamente insuficiente” la información aportada por parte de Sedena, PGR y el gobierno del Estado de México”, por lo que pidió su colaboración.
El secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, reveló que tras el asesinato, fue el general comandante de la 22 Zona Militar quien solicitó el apoyo de la Procuraduría de Justicia, pero le dijo que “no fueran tan rápido”.
Por Horacio Jiménez y Suzzete Alcántara
